Un artista de grafitis en Colombia crea una imagen sobre la Declaración de los Derechos Humanos.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU presentó hoy un informe contundente sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos en Colombia. Entre 2016 y 2025 la Oficina documentó 972 asesinatos, un promedio de casi 100 muertes por año, lo que sitúa al país como “uno de los lugares más peligrosos del mundo” para ejercer la defensa de derechos humanos, según el Alto Comisionado Volker Türk.
Aunque el informe reconoce medidas adoptadas por el gobierno —reconocimiento público de la gravedad del problema, diálogo de alto nivel con la sociedad civil, acciones preventivas e inmediatas y el desarrollo de una política nacional sobre defensores— advierte que las instituciones estatales no han logrado revertir las tendencias de violencia ni superar los obstáculos estructurales que impiden una protección integral y sostenida.
“El país se encuentra en un punto de inflexión. A menos que se tomen medidas efectivas y prioritarias para la prevención, protección, investigación y abordaje de las causas estructurales, la violencia continuará”, alerta el documento.
Tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016 se registró un aumento progresivo de asesinatos vinculados a vacíos de control estatal en zonas antes dominadas por las FARC-EP. En años recientes, la violencia se ha intensificado por actores criminales relacionados con narcotráfico, minería y tala ilegales, y trata de personas; factores como la debilidad institucional, la impunidad y la corrupción agravan la crisis.
El informe detalla el período 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2025, cuando fueron asesinados 410 activistas. Del total, el 23% de las víctimas eran indígenas, una proporción alarmante frente al 4,7% que representan en la población nacional. También han sido blanco comunidades afrodescendientes y campesinas, juntas de acción comunal, líderes ambientales, defensoras, personas LGBTIQ+ y líderes políticos. Más del 70% de los perpetradores fueron actores armados no estatales.
Entre 2022 y 2025 se registraron además 2.018 casos de amenazas y ataques, cifra que el informe considera subestimada por la ausencia de un sistema unificado e integral de registro por parte del Estado.
La ONU recomienda consolidar políticas públicas eficaces, impulsar reformas institucionales esenciales, promover investigaciones penales que desmantelen a los principales perpetradores y evitar la impunidad, y desarrollar mecanismos de protección ajustados a las realidades territoriales. Türk subrayó que, además de garantizar rendición de cuentas por los asesinatos, es urgente abordar las causas estructurales con un enfoque integral para permitir que las y los defensores realicen su labor de forma segura.
El informe también denuncia que los recortes presupuestales a la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia en 2025 han mermado su capacidad operativa: se redujeron misiones a zonas de alto riesgo y su capacidad de monitoreo y respuesta ante solicitudes urgentes de comunidades en peligro quedó seriamente afectada.
La ONU hace un llamado urgente al Estado colombiano y a la comunidad internacional para que prioricen acciones concretas y sostenidas que protejan a quienes defienden derechos humanos y garanticen justicia para las víctimas.
