Familias buscadoras cuestionan cifras oficiales y advierten opacidad en el manejo de más de 130 mil personas desaparecidas en el país.
La crisis de desapariciones en México vuelve al centro del debate internacional luego de que colectivos de familias buscadoras exigieran a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la publicación completa de un informe clave sobre desapariciones forzadas, en medio de cuestionamientos a las cifras oficiales del gobierno federal.
De acuerdo con datos presentados recientemente, en México se reportan más de 130 mil personas desaparecidas. Sin embargo, organizaciones civiles advierten inconsistencias en la metodología utilizada para actualizar estas cifras, señalando una posible “rasura” que podría minimizar la magnitud real del problema.
El pronunciamiento, respaldado por 31 colectivos, surge tras la evaluación del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, que ubica a México en el primer lugar mundial en desapariciones forzadas, con 819 acciones urgentes registradas. Tan solo entre septiembre de 2025 y febrero de 2026 se contabilizaron 40 nuevos casos atendidos bajo este mecanismo internacional.
Las familias buscadoras han solicitado que los resultados del procedimiento activado bajo el artículo 34 de la Convención Internacional sean públicos, al considerar que este mecanismo puede determinar si las desapariciones en México ocurren de manera sistemática o generalizada y permitiría escalar el caso ante la Asamblea General de la ONU.
No obstante, el gobierno federal ha rechazado la activación de este artículo y ha solicitado que la información relacionada se mantenga reservada, lo que ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y colectivos, quienes advierten una tendencia hacia la opacidad.
Los colectivos señalan que la actualización de cifras oficiales podría estar reduciendo el número real de personas desaparecidas, lo que genera dudas sobre la transparencia y confiabilidad de los registros. Advierten que estas acciones no sólo invisibilizan la crisis, sino que también diluyen la responsabilidad institucional.
Asimismo, el informe del organismo internacional destaca deficiencias en la actuación del Estado mexicano, particularmente en la protección a familiares y personas buscadoras, así como en los tiempos y eficacia de las investigaciones.
En este contexto, las organizaciones concluyen que el Estado no está cumpliendo plenamente con sus obligaciones internacionales en materia de prevención, investigación, sanción y reparación de las desapariciones forzadas. Por el contrario, denuncian una tendencia preocupante de negación, opacidad y debilitamiento institucional.
La exigencia de los colectivos es clara: verdad, justicia y transparencia. En un país marcado por la desaparición de miles de personas, la resistencia de las familias buscadoras se mantiene como uno de los principales motores para visibilizar una de las crisis humanitarias más profundas de México.
