La Opinión Consultiva 30/2025 fija obligaciones para que los Estados prevengan el tráfico de armas y protejan a poblaciones vulnerables.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recordó a los Estados de la región sus obligaciones para prevenir el tráfico ilícito de armas y mitigar sus impactos en los derechos humanos, tras notificar la Opinión Consultiva 30/2025, emitida el 3 de diciembre de 2025.
El pronunciamiento responde a una consulta presentada por México en noviembre de 2022, en la que se solicitó al tribunal regional analizar la responsabilidad de los Estados frente al flujo ilegal de armas y su relación con el aumento de la violencia.
De acuerdo con el organismo, el tráfico ilegal de armas alimenta la criminalidad y debilita la seguridad pública, afectando directamente el ejercicio de derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales.
Obligaciones para frenar el tráfico de armas
En su resolución, el tribunal estableció que los Estados deben actuar con debida diligencia para prevenir actividades que faciliten el tráfico ilícito de armas.
Esta responsabilidad se traduce en cuatro obligaciones principales:
- Regular y fortalecer la legislación interna relacionada con la producción, comercio y circulación de armas de fuego.
- Supervisar las actividades empresariales vinculadas con la industria armamentista.
- Garantizar recursos judiciales efectivos para las víctimas de violaciones a derechos humanos relacionadas con el tráfico de armas.
- Fortalecer la cooperación internacional entre países para reducir el flujo ilícito.
Asimismo, la Corte indicó que los gobiernos deben implementar sistemas eficaces de marcaje, registro y rastreo de armas, además de conservar información detallada sobre su fabricación, transferencias, decomisos y confiscaciones.
Evaluaciones de riesgo y protección de poblaciones
Otro elemento central de la opinión consultiva es la obligación de realizar evaluaciones de riesgo antes de autorizar exportaciones o importaciones de armas.
Estas evaluaciones deben determinar si dichas operaciones podrían:
- socavar la paz,
- facilitar actos de violencia, o
- contribuir a violaciones graves del derecho internacional humanitario o de los derechos humanos.
El tribunal subrayó que estas revisiones deben prestar especial atención al impacto que el tráfico de armas puede tener sobre poblaciones vulnerables, particularmente mujeres, niñas, niños y adolescentes. Si se detectan riesgos significativos, los Estados deberán negar las exportaciones.
Supervisión empresarial y cooperación internacional
La opinión consultiva también destaca que los países deben vigilar que las empresas del sector armamentista cumplan con la regulación aplicable y con estándares de debida diligencia en derechos humanos, conforme a los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
Además, la Corte hizo un llamado a la cooperación de buena fe entre los Estados, señalando que solo mediante acciones coordinadas será posible frenar el tráfico ilícito de armas y reducir su impacto en los niveles de violencia en la región.
Con esta resolución, el tribunal regional busca consolidar un marco jurídico que fortalezca la resistencia institucional frente a las redes de tráfico de armas, una problemática que continúa afectando la seguridad y los derechos humanos en América Latina.
