Resistencia y derechos humanos en México: radiografía crítica del nuevo sexenio

Resistencia NacionalResistencia y derechos humanos en México: radiografía crítica del nuevo sexenio

Claudia Sheinbaum, quien en octubre de 2024 se convirtió en la primera mujer en ocupar la presidencia de México, heredó graves problemas en materia de derechos humanos, entre ellos la violencia criminal extrema y graves abusos cometidos por el ejército.

La resistencia democrática y social en México vuelve a colocarse en el centro del debate público con la presentación de un informe internacional que documenta los principales desafíos en materia de derechos humanos durante la transición presidencial y el arranque del gobierno de Claudia Sheinbaum. El documento ofrece una evaluación amplia del contexto nacional, marcado por altos niveles de violencia, una profunda crisis de impunidad y reformas institucionales que han generado preocupación a nivel internacional.


El informe señala que Sheinbaum asumió la presidencia tras un sexenio encabezado por Andrés Manuel López Obrador, periodo en el que coexistieron avances sociales relevantes —como la salida de más de 13 millones de personas de la pobreza— con un retroceso democrático que debilitó la independencia judicial, la transparencia y el Estado de derecho. Esta tensión define el escenario actual: progreso social acompañado de alertas estructurales en materia de derechos humanos.

Uno de los puntos más sensibles es la reforma judicial aprobada en septiembre de 2024, con el respaldo de Sheinbaum y López Obrador. La enmienda obliga a jueces y magistrados a someterse a elecciones populares y crea un Tribunal de Disciplina Judicial con amplias facultades sancionatorias. De acuerdo con el informe, esta reforma amenaza seriamente la independencia judicial sin atender los obstáculos centrales que enfrentan las víctimas para acceder a la justicia. La baja participación y las dudas sobre la integridad del proceso en las primeras elecciones judiciales reforzaron estas preocupaciones, compartidas incluso por relatorías de la United Nations.

En materia de seguridad, la violencia criminal continúa en niveles alarmantes. En 2024, la tasa de homicidios superó las 25 muertes por cada 100 mil habitantes, una de las más altas del mundo. Casos emblemáticos —como los asesinatos de funcionarios locales, alcaldes y asesores políticos— evidencian la persistente infiltración del crimen organizado en estructuras estatales. A ello se suma el tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos, responsable de una gran proporción del armamento utilizado en delitos violentos.

El informe también documenta la persistencia de la tortura, las detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la prisión preventiva, prácticas que afectan a miles de personas privadas de la libertad, muchas de ellas sin sentencia. La ampliación del papel del ejército en tareas de seguridad pública, junto con denuncias de ejecuciones extrajudiciales y abusos sexuales, refuerza la preocupación por la militarización y la falta de rendición de cuentas.

Otro eje crítico es la crisis de desapariciones. Con más de 130 mil personas desaparecidas registradas oficialmente, México enfrenta un fenómeno que organismos internacionales analizan ya como potencialmente generalizado o sistemático. Los riesgos para las familias buscadoras y los ataques contra quienes defienden derechos humanos subrayan la urgencia de respuestas estatales efectivas.

El informe reconoce avances normativos importantes, como el fortalecimiento de derechos de mujeres, pueblos indígenas, personas mayores y personas con discapacidad, así como la elección de México al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el periodo 2025-2027. Sin embargo, advierte que estos logros conviven con ataques a periodistas, restricciones al acceso a la información pública y una política migratoria cada vez más militarizada.

En conjunto, el documento plantea que el momento actual exige resistencia institucional y social para evitar un mayor deterioro democrático. La presidencia de Claudia Sheinbaum se presenta así como un punto de inflexión: la posibilidad de consolidar avances sociales y, al mismo tiempo, responder a una de las agendas de derechos humanos más complejas y urgentes de la historia reciente del país.

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