La represión letal, el apagón de internet y el riesgo de ejecuciones colocan a la población civil en una situación crítica de derechos humanos.
Desde el 28 de diciembre, Irán vive una nueva y grave oleada de protestas que ha derivado en un ciclo de represión letal, detenciones masivas y un corte deliberado de internet. De acuerdo con información verificada por Amnistía Internacional, las propias autoridades iraníes han reconocido que hasta 2,000 personas han muerto como resultado del uso ilegítimo de la fuerza por parte del Estado, una cifra que podría ser mayor debido a la censura informativa impuesta desde principios de enero.
Lo que comenzó como manifestaciones por el colapso del rial iraní y el deterioro acelerado de las condiciones de vida se transformó rápidamente en un desafío abierto al sistema de la República Islámica. Las consignas pasaron de lo económico a lo político: demandas de dignidad, derechos humanos, libertad y el fin del régimen vigente. La respuesta estatal, lejos de abrir canales de diálogo, fue una represión coordinada y sistemática.
De la crisis económica al cuestionamiento del sistema
Las primeras protestas surgieron tras huelgas de comerciantes en el Gran Bazar de Teherán. En cuestión de días, las movilizaciones se extendieron a 27 de las 31 provincias, confirmando su carácter nacional. Inflación desbordada, mala gestión de servicios esenciales —como el acceso al agua— y una crisis económica prolongada detonaron el malestar social.
Según organizaciones de derechos humanos, la represión siguió un patrón ya documentado en 2019 y durante el levantamiento Mujer, Vida, Libertad de 2022, aunque ahora con una escala más amplia y con nuevas herramientas de control, como la censura digital total. Fuerzas de seguridad recurrieron a armas de fuego, escopetas con perdigones, gas lacrimógeno, cañones de agua y palizas contra manifestantes mayoritariamente pacíficos.
Represión letal y riesgo de crímenes internacionales
Amnistía Internacional documentó que la violencia no fue aislada ni accidental, sino coordinada a nivel nacional, con participación de distintos cuerpos de seguridad, incluida la Guardia Revolucionaria Islámica y la policía FARAJA. Hospitales y morgues en varias regiones del país se vieron desbordados; incluso se habilitaron instalaciones improvisadas para almacenar cuerpos ante el elevado número de víctimas.
Testimonios recabados por organizaciones independientes describen entierros apresurados, presiones a familias para aceptar versiones oficiales y amenazas de entierros en secreto si no se atribuían las muertes a “accidentes” o a otras personas manifestantes. Provincias como Lorestán e Ilam —habitadas por minorías kurda y luri— figuran entre las más castigadas, junto con Chahar Mahal, Fars, Kermanshah, Isfahán, Hamedán y Qom.
La represión se extendió más allá de las calles: allanamientos nocturnos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y reclusión en régimen de incomunicación, incluso de adolescentes de 14 años, con un alto riesgo de tortura y malos tratos.
El apagón de internet: censura y violación de derechos
El 8 de enero, en plena escalada de violencia, las autoridades impusieron un corte deliberado de internet y telecomunicaciones. Para Amnistía Internacional, esta medida busca ocultar la magnitud real de las violaciones de derechos humanos y, al mismo tiempo, constituye por sí misma una grave violación del derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información.
El apagón digital impide documentar homicidios ilícitos, denunciar detenciones arbitrarias o localizar a personas desaparecidas. Además, organizaciones de derechos humanos investigan indicios de que, tras el corte, las fuerzas de seguridad intensificaron el uso de fuerza letal, agravando el número de víctimas.
“El corte de internet no solo encubre violaciones: es en sí mismo una grave violación de derechos humanos”, advierte Amnistía Internacional, que ha pedido restablecer de inmediato el acceso pleno y seguro a la red.
Grupos en mayor riesgo
La represión no afecta a todos por igual. Manifestantes, personas heridas y menores de edad se encuentran en la primera línea de riesgo. Las familias de las personas fallecidas enfrentan coacción, amenazas y silenciamiento. Minorías étnicas y religiosas —kurda, luri, baluchi, bahaí, judía y comunidades afganas— padecen una persecución agravada.
Defensores de derechos humanos, periodistas y activistas digitales también se encuentran especialmente expuestos, en un contexto donde la censura y la criminalización de la disidencia limitan cualquier forma de denuncia.
Juicios exprés y pena de muerte
El 12 de enero, el jefe del poder judicial ordenó actuar “sin clemencia” contra los manifestantes, incrementando el temor a ejecuciones inminentes tras juicios exprés. Casos como el de Erfan Soltani, joven de 26 años condenado a muerte tras su detención durante las protestas, refuerzan la preocupación por el uso de la pena capital como herramienta de represión, una práctica ya observada tras el levantamiento de 2022.
Exigencias a Irán y a la comunidad internacional
Amnistía Internacional exige a las autoridades iraníes el cese inmediato del uso ilegítimo de la fuerza, la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente, el levantamiento del corte de internet y la cooperación plena con mecanismos internacionales de derechos humanos.
Asimismo, hace un llamado a la comunidad internacional —incluida la ONU y la Unión Europea— para que ejerzan presión diplomática sostenida, convoquen sesiones especiales y avancen en mecanismos de rendición de cuentas, incluida la posibilidad de investigaciones bajo jurisdicción universal y la remisión del caso a la Corte Penal Internacional.
Protestas de solidaridad en ciudades como Berlín y Londres reflejan que lo que ocurre en Irán no es un asunto interno, sino una crisis de derechos humanos con implicaciones globales.
“Las protestas en Irán no son solo cifras: detrás de cada muerte, detención o desaparición hay una historia que el régimen intenta borrar”, advierte Amnistía Internacional. En un contexto de silencio impuesto, la documentación rigurosa y la atención internacional se convierten en la única barrera frente al olvido y la impunidad.
