Fallas estructurales en justicia, seguridad y atención institucional profundizan feminicidios, desapariciones y desplazamiento forzado en el estado
Chiapas enfrenta una crisis persistente de derechos humanos marcada por feminicidios, desapariciones, desplazamientos forzados y omisiones institucionales, particularmente en municipios identificados como focos rojos desde hace casi una década. La resistencia de las víctimas y sus familias se mantiene como el principal motor de denuncia ante un sistema que, señalan, ha fallado de forma estructural en investigar, sancionar y reparar.
Los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Comitán de Domínguez, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Tonalá y Villaflores concentran una alta incidencia de violaciones a derechos humanos y cuentan, desde noviembre de 2016, con Alerta por Violencia de Género. A ellos se suman otros 15 municipios integrados al Programa Zona de Trabajo Altos por su elevado nivel de conflictividad y agresiones a la población.
Feminicidios: la violación más grave
Para Maricruz Velasco Nájera, presidenta de la Fundación Karla Velasco, Familias Víctimas de Feminicidio y Homicidio, el feminicidio representa la violación más flagrante a los derechos humanos en Chiapas, agravada por la actuación omisa de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Poder Judicial.
Aunque en julio de 2025 la pena por feminicidio se elevó hasta 100 años de prisión, Velasco Nájera denuncia que las sentencias continúan siendo mínimas y que las carpetas de investigación se integran de manera deficiente. “Se violentan el derecho a la vida, a la seguridad, al acceso a la justicia y a ser escuchadas. Hemos vivido una protección institucional hacia los responsables”, afirmó.
La activista recordó que durante el sexenio anterior encabezado por Rutilio Escandón Cadenas, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) mantuvo cerrados sus canales de atención. Fue hasta la administración actual cuando se documentó que los expedientes permanecieron archivados durante años, confirmándose violaciones a los derechos humanos de las víctimas y sus familias.
Desde 2016, organizaciones civiles contabilizan alrededor de 1,700 muertes violentas de mujeres en Chiapas, sin que existan protocolos eficaces de investigación ni sanciones ejemplares.
Investigación deficiente y encubrimiento institucional
Otro caso emblemático es el de Paola Jazmín, víctima de feminicidio en diciembre de 2022 en una escuela primaria de Tuxtla Gutiérrez. Su madre, Flor Emilia Alcázar Coutiño, denunció que la FGE incurrió en graves omisiones desde el momento de la desaparición y protegió a personal de la institución educativa donde ocurrió el crimen.
Señaló que peritos y agentes ministeriales falsearon informes y omitieron pruebas clave. Aunque dos funcionarios fueron inhabilitados temporalmente, el caso permanece impune. “Desde el primer momento hubo negligencia, encubrimiento y corrupción. Eso también es violación a los derechos humanos”, sostuvo.
Omisiones reconocidas por la CEDH
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Horacio Culebro Borrayas, reconoció que las principales violaciones documentadas derivan de omisiones de la FGE, el Poder Judicial, la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Salud. Desde enero, la CEDH ha recibido más de 100 quejas, que derivaron en 12 recomendaciones, principalmente por abuso de autoridad.
También se han documentado violaciones en el sector educativo y deficiencias graves en servicios de salud, especialmente por falta de insumos y medicamentos en hospitales públicos.
Desplazamiento forzado: una herida abierta
El desplazamiento interno forzado continúa siendo una de las violaciones más graves en Chiapas. En el ejido Puebla, municipio de Chenalhó, 54 familias fueron expulsadas violentamente en 2016. En el ataque fue asesinado Guadalupe Cruz, sin que hasta hoy exista investigación ni sanción.
Las familias desplazadas han solicitado reubicación digna, reparación del daño y garantías de no repetición. Pese a contar con medidas cautelares de la CIDH y una recomendación de la CNDH, no ha habido cumplimiento por parte del Estado mexicano.
Desaparición forzada: cifras alarmantes
De acuerdo con el Colectivo Madres Buscadoras en Chiapas, la desaparición forzada representa otra crisis humanitaria. Las colectivas documentan más de 3,000 casos, mientras que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas reporta 1,812 personas no localizadas en la entidad, con registros que abarcan más de siete décadas.
Resistencia y exigencia de justicia
Desde el Congreso local, el diputado Juan Salvador Camacho Velasco subrayó que la paz en Chiapas solo será posible con respeto pleno a los derechos humanos y acceso efectivo a la justicia. “Estos derechos no son letra muerta, se construyen todos los días y se defienden con resistencia social”, afirmó.
Las víctimas y sus familias coinciden en que la exigencia es clara: fin a la impunidad, aplicación imparcial de la ley y reparación integral del daño. Mientras ello no ocurra, la resistencia seguirá siendo el último bastión frente a un sistema que continúa fallando.
