Las intimidaciones llegan desde cuentas anónimas y reavivan el llamado a reforzar las medidas de protección y garantizar justicia para quienes ejercen el periodismo comunitario.
El periodista comunitario Max Emiliano Negrete González enfrenta nuevamente un episodio de riesgo grave. Desde el martes 18 de noviembre ha recibido tres mensajes con amenazas de muerte a través de Instagram, enviados desde cuentas recién creadas, sin fotografías de perfil y con nombres que sugieren intenciones de violencia directa.
Los mensajes, además de su tono discriminatorio y homófobo, contienen una cuenta regresiva dirigida explícitamente al periodista: “6 días de vida”.
Estas amenazas surgen en un contexto de agresiones previas. Negrete, beneficiario del Mecanismo de Protección Integral para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México (MPI) desde septiembre de 2024, ha enfrentado abuso de autoridad, hostigamiento por su labor informativa y amenazas de muerte durante este mismo año, vinculadas a su activismo en defensa de la tierra y el territorio.
Ataques a periodistas: una violación a la libertad de expresión
La preocupación es legítima y urgente. La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, en su punto 9, subraya que:
“El asesinato, secuestro, intimidación o amenaza a comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales y coarta severamente la libertad de expresión.”
Asimismo, establece la responsabilidad clara de los Estados para prevenir, investigar, sancionar y reparar estas agresiones.
Exigencias para garantizar su seguridad
Ante la gravedad de los hechos, organizaciones defensoras de derechos humanos han solicitado acciones inmediatas:
- Al MPI de la CDMX, reforzar de manera urgente las medidas de protección del periodista y establecer las necesarias según su situación actual, garantizando su integridad y seguridad.
- A la Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales, realizar una investigación exhaustiva, independiente y basada en el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión, asegurando acceso efectivo a la justicia.
La protección de quienes ejercen el periodismo no es una concesión: es una obligación del Estado y un pilar fundamental para la democracia. En un país donde comunicar es un acto de riesgo, la resistencia y la solidaridad con las voces que informan se vuelve un imperativo público.
Con información de ARTICLE 19.
